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La Cámara de Apelaciones dará a conocer una resolución clave respecto a los recursos interpuestos por la defensa del diputado provincial Javier Galán (MID), en el marco del proceso judicial que analiza su eventual desafuero. El legislador afronta múltiples acusaciones penales que incluyen abuso sexual, peculado de servicios y exacciones ilegales, e intenta que la Justicia declare extinguidos los plazos legales de la investigación jurisdiccional que sustancia su caso.
La controversia procesal surge a raíz de las objeciones presentadas contra las decisiones del juez de Control de Garantías N° 4, Marcelo Sago. El magistrado había desestimado tanto la incorporación de determinados elementos probatorios ofrecidos por la defensa en una causa por delitos contra la integridad sexual, como el pedido para declarar la caducidad de la investigación, establecido en el Código Procesal Penal.
Por su parte, el legislador sostiene que el artículo 20 de la normativa ritual fija un límite improrrogable de dos meses bajo sanción de caducidad para emitir una definición. En contraposición, tanto el juez Sago como la fiscal de Cámara, Alejandra Antonino, fundamentaron durante la última audiencia que los términos continúan vigentes debido al continuo movimiento del expediente, atribuyendo las demoras procesales a las sucesivas presentaciones articuladas por la propia defensa con el fin de dilatar el pedido de desafuero.
En paralelo a la expectativa judicial, Galán desplegó actividad política e institucional en el departamento Andalgalá, donde mantuvo un encuentro con el intendente Eduardo Córdoba y dialogó con grupos de desocupados. En declaraciones públicas, el diputado remarcó su compromiso con los ciudadanos de la provincia más allá de su condición de legislador de la minoría y aseguró que su visita estuvo enfocada en escuchar las demandas locales y no en la captación de respaldos electorales.
