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María Espeche, madre de Brenda Micaela Gordillo, formalizó una presentación ante el Juzgado de Ejecución Penal de Catamarca para exigir su intervención activa como parte querellante en el expediente donde se supervisa el cumplimiento de la condena de Naim Vera. Acompañada por los abogados Sebastián Ibáñez y Bruno Jerez, la solicitud tiene como meta asegurar que la familia de la víctima mantenga un rol protagónico y sea formalmente notificada frente a cualquier posible resolución judicial que pudiera implicar cambios en el régimen de encierro del sentenciado.
La acción legal se promovió con carácter preventivo a partir de trascendidos que indicaban presuntas gestiones de Vera orientadas a continuar sus estudios universitarios en la provincia de Córdoba y gestionar un eventual traslado a una unidad penitenciaria de dicha jurisdicción. En paralelo a estas versiones —entre las cuales también circuló el rumor de que el recluso se había recibido de abogado, dato que fue categóricamente desmentido—, el entorno de Brenda resolvió acudir a los estrados judiciales para disipar cualquier sospecha de privilegios encubiertos y asegurar una vigilancia estricta del proceso.
El sustento jurídico del planteo radica en las garantías de la Ley de Víctimas N.º 27.372 y el artículo 11 bis de la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad N.º 24.660. Este marco legal estipula de forma imperativa que los familiares constituidos en querella deben ser previamente informados y escuchados antes de que la autoridad judicial resuelva beneficios de flexibilización carcelaria, salidas transitorias o traslados extraordinarios fuera del Servicio Penitenciario Provincial.
Naim Vera purga una condena a prisión perpetua tras haber sido sentenciado por el delito de homicidio doblemente calificado por la relación de pareja y por mediar violencia de género, por el femicidio perpetrado el 1 de marzo de 2020 en la capital catamarqueña. Frente a la etapa de ejecución de la sentencia, la madre de la joven ratificó su firme determinación de agotar los recursos institucionales para evitar que se adopten determinaciones a espaldas de la familia y garantizar el cumplimiento íntegro del castigo penal.
