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A través de la Resolución 857/2026 del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional oficializó el convenio que reemplazará a la estatal Arsat por la compañía Starlink, propiedad de Elon Musk, para la provisión de internet satelital en 6.000 escuelas rurales del país. La iniciativa parte de una propuesta directa presentada por la firma estadounidense el 15 de julio pasado, la cual no transitó por mecanismos de licitación pública, concurso o subasta abierta que habilitaran la participación de otros oferentes del sector.
El esquema proyecta un movimiento global cercano a los 22 millones de dólares, donde Starlink aportará los kits de conectividad bajo la figura formal de una donación tasada en 10 millones de dólares, mientras que el Enacom destinará otros 12 millones provenientes del Fondo del Servicio Universal. Estos fondos públicos se utilizarán para solventar la instalación de los equipos, las tareas de soporte técnico, el monitoreo y el tercer año de conectividad. A su vez, el convenio contempla una cláusula que permite a la compañía privada deducir los costos de montaje del canon obligatorio del 1% que por normativa debe tributar a dicho fondo estatal.
La controversia económica se centra en el sostenimiento del servicio una vez concluida la bonificación inicial de 24 meses, momento a partir del cual los distritos provinciales y municipales adherentes deberán asumir una tarifa mensual estimada en 160 dólares por establecimiento. El monto triplica la tarifa histórica de entre 60 y 70 dólares que venía facturando la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (Arsat) dentro de su Plan de Conectividad a Escuelas Rurales por el despliegue de prestaciones similares.
El traspaso a manos del operador internacional coincide con un escenario de severa tensión presupuestaria en la compañía estatal de bandera, a la que el Estado nacional adeuda más de 60 millones de dólares por servicios ya ejecutados en escuelas del interior. Desde Arsat, sus técnicos remarcaron que el operador público cuenta con la capacidad tecnológica necesaria para suministrar las velocidades y prestaciones requeridas, advirtiendo que la maniobra profundiza el desfinanciamiento operativo de la empresa nacional de telecomunicaciones.
