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En un cónclave convocado en el predio del Smata en Cañuelas por la Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina (CSIRA) y el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), más de 600 referentes gremiales de la CGT, empresarios fabriles y representantes académicos acordaron un documento programático orientado a la reconstrucción productiva hacia 2027. Frente al severo retroceso de la industria manufacturera —marcado por la caída del consumo interno, la contracción de la capacidad instalada y la continua pérdida de empleos bajo las medidas de ajuste y apertura económica del gobierno de Javier Milei—, el encuentro postuló la articulación de un frente común para reactivar el mercado local, el crédito y la cadena de proveedores nacionales.
Sin embargo, la iniciativa desató fuertes objeciones desde sectores de izquierda y del sindicalismo combativo, donde denunciaron que la cumbre configuró un pacto propatronal que subordina los intereses de la clase trabajadora a las exigencias corporativas. Según estos cuestionamientos, la inclusión del concepto de «productividad» en la agenda compartida convalida la flexibilización de convenios y la degradación salarial a cambio de compromisos de estabilidad laboral que rara vez se materializan en las plantas industriales, dejando a las bases obreras atadas a los requerimientos de rentabilidad del sector empresarial.
Asimismo, los críticos señalaron que los discursos que reclamaron la derogación de la reforma laboral funcionaron como meras declaraciones testimoniales, ya que se pronunciaron en un marco de concertación directa con las mismas cámaras patronales que aplican dichas normativas flexibilizadoras en las fábricas. En esa línea, se advirtió que apostar a una transición hacia un recambio político en 2027 sin una resistencia inmediata en las calles allana el camino para que, aun bajo una nueva administración gubernamental, permanezcan inalteradas las reformas regresivas, la precarización y la transferencia de ingresos hacia los capitalistas.
Por tales motivos, desde las organizaciones clasistas rechazaron la constitución de mesas de diálogo social y reclamaron romper cualquier alianza con las dirigencias empresariales para encarar una salida independiente. En contraposición a la estrategia de espera electoral promovida por las cúpulas sindicales, plantearon la urgencia de convocar a un plan de lucha nacional con huelga general para enfrentar de manera inmediata las medidas oficiales, recuperar los puestos de trabajo caídos y garantizar salarios acordes al costo de vida.
