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La narrativa oficialista sobre la estabilidad económica enfrenta un severo cuestionamiento a partir de recientes datos del INDEC y consultoras privadas que exponen una profunda contracción en la economía real. Durante julio, la actividad industrial registró un desplome interanual del 4,9% y un retroceso mensual desestacionalizado del 5%, mientras que la construcción retrocedió un 4,5%. A este escenario se suma una marcada debilidad en la recaudación impositiva, que acumula en lo que va del año su segundo peor nivel en una década —solo superado por el freno extraordinario de la pandemia en 2020—, dejando al descubierto el impacto del ajuste productivo y el cuestionado alcance del superávit fiscal alcanzado a costa del freno total de la obra pública y la postergación de vencimientos de deuda.
El deterioro socioeconómico se profundiza al observar el mercado laboral y los ingresos de los hogares tras los primeros mil días de gestión libertaria. Un relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) constató la pérdida de más de 411.000 empleos formales y la desaparición de más de 30.000 unidades productivas empleadoras. En paralelo, el poder adquisitivo de los salarios formales acumula una pérdida de hasta el 18,5% si se mide con la actualización de consumos postergada por el Ejecutivo, al tiempo que los haberes de jubilados con la mínima congelada cayeron un 19,2% real; esta merma de ingresos derivó en un récord de morosidad crediticia que trepó al 13% en el sector bancario y alcanzó el 33,9% en plataformas no financieras y fintech.
En el plano financiero y cambiario, el sostenimiento de un dólar oficial apreciado busca contener los precios pero alimenta tensiones crecientes ante la constante expectativa de devaluación. Pese a las tasas de interés y a las maniobras de contención dispuestas por el Palacio de Hacienda, solo en el mes de julio unas 1,7 millones de personas demandaron divisas por casi 3.000 millones de dólares como cobertura preventiva. Frente al riesgo de una corrida cambiaria conforme se acerca el calendario electoral, el Banco Central y el Tesoro implementaron canjes de deuda en pesos por títulos atados a la divisa estadounidense, una estrategia que, combinada con tasas restrictivas para retener ahorros en moneda local, termina por encarecer drásticamente el crédito productivo y asfixiar a empresas y consumidores.
Finalmente, los indicadores macroeconómicos generales muestran una economía estancada que desmiente las proyecciones de una reactivación vigorosa. Con dieciséis meses sin crecimiento significativo, el nivel de actividad apenas equipara al registrado a fines de 2017 y arroja un retroceso evidente del producto per cápita frente al aumento de la población. Esta situación obligó a los analistas privados del Banco Central a recortar sus estimaciones anuales de crecimiento al 2,1%, mientras que la inversión productiva anotó un retroceso de dos dígitos en el primer tramo del año, consolidando un panorama donde el declive de la producción, el empleo y los ingresos marca el pulso de la crisis cotidiana.
