A dos décadas del femicidio de Otoño Uriarte: la trama de negligencia e impunidad que marcó a Río Negro

La noche del 23 de octubre de 2006 marcó el inicio de una de las tragedias más dolorosas e impunes de la provincia de Río Negro, cuando Otoño Uriarte, una estudiante secundaria de 16 años residente en la localidad de Fernández Oro, desapareció misteriosamente mientras regresaba a su vivienda en la zona de chacras tras asistir a una práctica de vóley. Al percatarse de su ausencia cerca de la medianoche, su padre comenzó una búsqueda desesperada por la ciudad que culminó con una inmediata denuncia policial, la cual dio apertura a un proceso que desde el comienzo estuvo signado por cuestionamientos y demoras.

En las primeras etapas de la investigación, las autoridades policiales desestimaron la gravedad del hecho al instalar la hipótesis de una presunta fuga voluntaria por parte de la adolescente, lo que evitó calificar el caso como secuestro y paralizó medidas judiciales de urgencia en momentos determinantes. Ante esta inacción oficial, familiares, amigos y vecinos organizaron reiteradas movilizaciones populares que mantuvieron activo el reclamo de justicia en las calles, logrando un giro clave en el expediente cuando los propios allegados hallaron el teléfono celular de la joven completamente calcinado, hallazgo que obligó a las autoridades a recalificar la causa mientras crecían las sospechas sobre encubrimientos locales.

Tras un extenuante operativo social y familiar de búsqueda que se prolongó a lo largo de medio año, el trágico desenlace se concretó a fines de abril de 2007, cuando el cuerpo sin vida de Otoño fue descubierto en un canal de riego en el sector de El Treinta, en las proximidades de Cipolletti. El hallazgo se produjo de forma fortuita debido al vaciamiento periódico del canal para tareas de saneamiento estacional, permitiendo visibilizar los restos que se hallaban a escasa distancia de la zona donde había sido vista por última vez.

A pesar de que el estado del cuerpo exigió la realización de pruebas genéticas de ADN para su ratificación científica oficial, su padre logró identificarla rápidamente por sus prendas de vestir y un colgante característico, tras lo cual la autopsia médico-legal corroboró de forma irrefutable que la menor sufrió una muerte violenta. El hallazgo no solo ratificó el crimen, sino que dio paso a un complejo trámite judicial que acumuló dos décadas de irregularidades procesales, peritajes mal resguardados y señalamientos de complicidad institucional, consolidando el caso como un emblema de la impunidad judicial en la región.