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La Cámara de Diputados de Entre Ríos sancionó de forma unánime, con 30 votos afirmativos y ninguno en contra, la derogación definitiva de la Ley 4.506, un régimen instituido en 1965 que otorgaba a los gobernadores y vicegobernadores una pensión vitalicia equivalente al 75 % de su salario una vez concluida su función pública. El proyecto, impulsado por el mandatario Rogelio Frigerio desde el inicio de su administración, clausura más de seis décadas de vigencia de dicho beneficio previsional para la cúpula del Poder Ejecutivo provincial.
La nueva legislación tendrá efectos inmediatos sobre las actuales autoridades gubernamentales: tanto Rogelio Frigerio como la vicegobernadora Alicia Aluani serán los primeros dirigentes en quedar bajo el alcance del nuevo marco regulatorio, perdiendo cualquier derecho a percibir este ingreso vitalicio al término de su mandato. Tras la aprobación legislativa, Frigerio destacó que la iniciativa salda un compromiso público de su gestión y sostuvo que cualquier transformación en la administración estatal debe iniciarse con el ejemplo de quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía.
Esta supresión de haberes especiales se inscribe dentro de un paquete más vasto de medidas de austeridad y control del gasto público desplegado desde diciembre de 2023 en Entre Ríos. Dicho programa incluyó la disminución de casi el 50 % de los puestos políticos, la supresión de un escalón jerárquico del organigrama estatal, la eliminación de los fondos reservados, la limitación de sobresueldos y pluriempleos, el recorte de adscripciones y una mayor publicidad de las nóminas, ingresos y declaraciones patrimoniales de los funcionarios.
Asimismo, la anulación de estas asignaciones de retiro converge con reformas estructurales promovidas por el Ejecutivo, entre las que destacan la implementación de la Boleta Única de Papel, la Ley de Transición Gubernamental y un compendio de normativas orientadas a la ética pública y el acceso a la información. De esta manera, el marco normativo entrerriano establece formalmente el principio de que el paso por la máxima conducción provincial no volverá a derivar en una retribución económica permanente a cargo del Estado.
