Frente al Ministerio de Economía, la UBA montó una jornada de servicios y clases magistrales en reclamo de la ley universitaria

La Universidad de Buenos Aires (UBA) lleva adelante este martes 15 de septiembre una intensa jornada de protesta y visibilización en Plaza de Mayo, frente al Ministerio de Economía, para reclamar al Gobierno nacional la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario. La actividad, programada entre las 8:00 y la medianoche, combina el reclamo presupuestario con una amplia oferta de servicios gratuitos abiertos a la comunidad, clases magistrales y muestras del desarrollo científico de la institución, sin interrumpir el dictado regular de clases en las distintas unidades académicas.

A lo largo del día, profesionales y estudiantes brindan atención médica sin costo en especialidades como clínica médica, odontología, óptica y veterinaria, además de asesoramiento jurídico, contable y orientación psicológica. En paralelo, los 13 decanos de las facultades de la casa de altos estudios dictan clases magistrales al aire libre, acompañadas por la exhibición de proyectos científicos y tecnológicos, entre los que destaca un automóvil de competición diseñado y fabricado íntegramente en los talleres universitarios. La meta de la casa de estudios es evidenciar el impacto social tangible que generan la formación pública y la investigación.

La movilización ocurre en el marco de una extendida disputa en los tribunales por la Ley 27.795, norma sancionada en 2025 luego de que el Congreso rechazara el veto del Poder Ejecutivo. Aunque el Gobierno promulgó la ley a través del Decreto 759/2025, frenó de forma simultánea su puesta en vigencia bajo el argumento de la falta de financiamiento específico, lo que desató la inmediata judicialización del sector universitario.

El reclamo cuenta con sucesivos respaldos judiciales. En diciembre de 2025, el juez federal Martín Cormick dictó una primera cautelar a favor del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), ordenando actualizar salarios y becas. Dicho criterio quedó firme el 25 de junio de 2026, cuando la Corte Suprema de Justicia —con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti— desestimó el recurso extraordinario del Estado. Pese a ello, el conflicto continuó y el pasado 1° de septiembre el propio juez Cormick emitió una nueva medida cautelar a favor de la UBA, con la orden de transferir "de forma inmediata" las partidas adeudadas, cuyo costo fiscal fue estimado por la Justicia en el 0,23% del Producto Bruto Interno (PBI).