TELEDIARIO.ar
El fiscal federal Ramiro González requirió la realización de un peritaje informático exhaustivo para esclarecer la maniobra mediante la cual se efectuaron 645 pagos irregulares por casi 1.000 millones de pesos en la Armada Argentina. La medida procesal, radicada en los tribunales federales de la Ciudad de Buenos Aires ante el Juzgado Federal N° 2 que encabeza el juez Sebastián Ramos, apunta a individualizar a los operadores que adulteraron los registros salariales antes de su envío al Banco de la Nación Argentina.
El foco del estudio tecnológico está puesto en determinar los perfiles y usuarios que intervinieron en la carga, la trazabilidad de los cambios efectuados, los destinatarios finales de los montos inflados y los registros temporales exactos de cada operación. De acuerdo con las actuaciones, las transferencias se concretaban mediante la manipulación externa de las nóminas de pago, lo que impedía que los suplementos indebidos figuraran en los recibos de sueldo oficiales visibles en la plataforma digital institucional.
La investigación determinó que parte sustancial del dinero terminó en manos de personas sin vínculo funcional ni laboral con la fuerza de seguridad naval. Tan solo cuatro beneficiarios externos acapararon más del 44% del monto total defraudado, registrándose transferencias individuales que superaron holgadamente los 150 millones de pesos a lo largo del período bajo la lupa.
El expediente penal se originó tras una denuncia presentada por la propia institución castrense al advertir inconsistencias en las liquidaciones del Departamento Revista. Dicha dependencia administrativa quedó en el centro de la causa luego de que su exjefe reconociera haber participado en las maniobras investigadas, lo que motivó el apartamiento de las funciones de los implicados y el inicio de sumarios disciplinarios internos a la espera de las decisiones del magistrado interventor.
