Indagaron al "Gordo Dan" y a otros tres streamers en una causa por amenazas e intimidación pública al diputado Paulón

Cuatro streamers libertarios fueron indagados por la Justicia porteña acusados de hostigar y amenazar al diputado Esteban Paulón

Daniel Parisini, Mariano Pérez, Alejandro Sarubbi Benítez y Mariano Pazos se presentaron en los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires ante la fiscal Celsa Ramírez. Están imputados por incitación al odio, discriminación e intimidación pública. Ninguno aceptó responder preguntas.

Cuatro comunicadores vinculados al ecosistema digital libertario —entre ellos el influencer Daniel Parisini, conocido como el "Gordo Dan"— comparecieron esta semana ante la fiscalía penal y contravencional porteña para prestar declaración indagatoria, acusados de desplegar una campaña sistemática de amenazas, hostigamiento, incitación a cometer delitos, intimidación pública y discriminación contra el diputado nacional socialista Esteban Paulón. Un quinto acusado, Nicolás Márquez, permanece sin ser formalmente notificado al no haber sido localizado en los domicilios registrados.

El proceso judicial responde a una denuncia radicada por el legislador y activista de los derechos LGBTQ+, luego de reiteradas emisiones y publicaciones en plataformas como YouTube y la red social X donde los imputados lo vincularon falsamente con la pedofilia y el narcotráfico, además de proferir expresiones estigmatizantes sobre su orientación sexual e iniciativas sobre infancias trans. Según la acusación formal elaborada por la fiscal Celsa Ramírez, estas manifestaciones no constituyen hechos aislados, sino un mecanismo orquestado con el propósito deliberado de promover actos de violencia física directa y menoscabar la integridad y la vida del funcionario público.

Durante el trámite procesal en la sede judicial, los acusados debieron someterse al registro de huellas dactilares. La jornada estuvo marcada por episodios de tensión: el abogado y también imputado Alejandro Sarubbi Benítez confrontó a los funcionarios del despacho, rechazó suscribir la restricción que le prohíbe mencionar o acercarse a la víctima y difundió publicaciones contra la fiscal en internet. A su vez, Mariano Pérez filmó contenido en los pasillos de la dependencia judicial en el que afirmó ser víctima de una supuesta persecución estatal.

Al momento de la audiencia, ninguno de los cuatro implicados aceptó contestar preguntas directas del Ministerio Público. Parisini y Pérez, con patrocinio letrado conjunto, optaron por ingresar escritos defensivos en los que encuadran sus declaraciones dentro del marco de la libertad de expresión.

La causa, que tramita ante el juzgado penal a cargo de Agustín Riggi, cuenta además con informes técnicos de Amnistía Internacional y de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT), organismos que advirtieron la existencia de violencia de género facilitada por tecnologías digitales e incitación al odio dirigida a reforzar patrones de segregación. Por el tenor de las figuras penales endilgadas —que abarcan la intimidación pública y la ley antidiscriminatoria—, los imputados podrían afrontar escalas penales de hasta seis años de prisión.