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La Asamblea Legislativa de las Islas Malvinas resolvió otorgar una prórroga de cinco años a todas las licencias de exploración petrolera offshore en aguas del archipiélago, una disposición ratificada este martes que cuenta con el respaldo explícito del Gobierno del Reino Unido y que busca dar previsibilidad económica a las empresas del sector frente a las advertencias de sanciones impulsadas por la República Argentina.
El esquema aprobado contempla un plazo inicial de un lustro para las operaciones de búsqueda de hidrocarburos costas afuera, con la opción de sumar dos años adicionales en caso de que las compañías adjudicatarias cumplan con los programas técnicos comprometidos. La portavoz de las carteras de Comercio, Industria y Recursos Minerales del gobierno isleño, Cheryl Roberts, defendió la continuidad de las autorizaciones bajo la premisa de resguardar y explotar localmente dichos recursos de forma responsable.
En paralelo a la extensión de los permisos, las autoridades locales convalidaron el traspaso del 65 por ciento de participación en el bloque exploratorio PL001 en favor de una filial de Navitas. Esta firma comparte con la británica Rockhopper la operación del yacimiento Sea Lion, proyecto que ingresó en su fase de desarrollo técnico a finales del año anterior y proyecta el inicio formal de la extracción de crudo para marzo de 2028. En la cuenca también mantienen derechos las británicas Borders & Southern y Desire Petroleum, junto a la canadiense JHI.
Desde la perspectiva argentina, el otorgamiento de estas facultades extractivas carece de validez legal por tratarse de áreas en disputa de soberanía. Por tal motivo, el Estado argentino mantiene abiertas actuaciones administrativas e intimaciones sancionatorias contra las firmas involucradas y sus grupos accionistas para frenar el avance de las faenas extractivas.
Por su parte, el presidente argentino Javier Milei reiteró recientemente ante medios de prensa europeos que la postura oficial descarta cualquier hipótesis de conflicto bélico y se limita a reclamos por vía diplomática, vinculando las posibilidades futuras de recuperación del archipiélago a dinámicas de recambio generacional y demográfico en territorio británico.
