Causa por enriquecimiento ilícito: el fiscal Pollicita amplió 14 años la investigación patrimonial sobre Adorni

La Justicia federal dispuso este lunes una profunda ampliación temporal en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni, ordenando la reconstrucción integral de su evolución patrimonial y la de su cónyuge desde el año 1998, además de la realización de peritajes técnicos sobre sus billeteras virtuales de criptomonedas. La medida fue solicitada por el fiscal federal Gerardo Pollicita ante el juez Ariel Lijo en los tribunales de Comodoro Py, con el objetivo de corroborar la veracidad del descargo presentado por la defensa del funcionario respecto al origen de los fondos utilizados para adquirir activos digitales.

La decisión de extender el período de análisis catorce años hacia atrás surgió a raíz de la propia justificación aportada por el imputado. Según el escrito presentado en el expediente, el capital destinado a comprar Bitcoins a partir de 2014 derivó de un ahorro familiar que ambos cónyuges habrían acumulado desde finales de los años noventa mediante el ejercicio de sus respectivas actividades profesionales independientes.

Para contrastar estos argumentos, el Ministerio Público Fiscal requirió una serie de medidas de prueba que abarcan la reconstrucción de los ingresos formales del matrimonio y el detalle de todas las operaciones cambiarias registradas, aprobadas o denegadas durante el período del cepo cambiario entre 2011 y 2015. Asimismo, se busca determinar si el volumen de ingresos declarados en esa etapa permitía generar el excedente financiero alegado.

El foco central de la pesquisa técnica apunta a las transacciones con criptomonedas que, según el descargo, habrían generado rendimientos cercanos a los 600.000 dólares. La defensa sostuvo que dichas liquidaciones se llevaron a cabo de forma directa, percibiendo billetes en dólares mano a mano sin la intermediación de casas de cambio virtuales ni entidades bancarias reguladas. Ante esto, la fiscalía pidió al magistrado fijar fecha para auditar las direcciones digitales, en un acto grabado donde las claves privadas permanecerán resguardadas únicamente en manos de la defensa.

El peritaje cripto y el rastreo histórico se integran al conjunto de inconsistencias que el juzgado mantiene bajo análisis, entre las que figuran la compra y remodelación de una propiedad en un barrio cerrado de Exaltación de la Cruz, departamentos, vehículos de alta gama, supuestos préstamos familiares y consumos en moneda extranjera abonados en efectivo.