Jornada de huelga del transporte expone división regional tras la desregulación del diésel en Bolivia

La Confederación Sindical de Choferes de Bolivia llevó adelante este lunes 28 de septiembre una jornada nacional de paro y repliegue vehicular en rechazo al Decreto Supremo 5716, normativa que formalizó la eliminación del subsidio estatal al diésel. La medida de presión, impulsada ante el temor a una escalada inflacionaria sobre los bienes de consumo básico y los gastos operativos del gremio, registró una repercusión desigual en el territorio nacional.

El cese de actividades cobró mayor fuerza en el departamento de Santa Cruz y en diversos sectores de Chuquisaca, demarcaciones donde las bases sindicales suspendieron completamente los recorridos del transporte público urbano e interprovincial, logrando visibilizar su disconformidad con el nuevo esquema de precios del combustible.

En contraposición, las federaciones de La Paz, El Alto y Cochabamba desestimaron sumarse a la protesta y mantuvieron la circulación vehicular de manera habitual. De acuerdo con analistas del sector, dicha dispersión respondió a contactos y gestiones previas entabladas desde dependencias gubernamentales con las directivas locales, maniobras orientadas a evitar una paralización coordinada en las principales urbes del país.

Más allá de cuestionar la desregulación del carburante, el petitorio del sector laboral contempla la nivelación urgente del valor de los pasajes urbanos para compensar los costos diarios. El pliego incluye también el establecimiento de precios tope para repuestos mecánicos y lubricantes, el otorgamiento de financiamiento blando para modernizar las flotas de trabajo y la profundización de los proyectos de reconversión a gas natural vehicular (GNV).

Tras la jornada de movilizaciones, las representaciones gremiales confirmaron su asistencia a la mesa de trabajo convocada por el Ejecutivo nacional para este martes 29 de septiembre. Los dirigentes adelantaron que mantendrán una postura estricta en defensa de esquemas de compensación económica y advirtieron que la continuidad de la paz social dependerá de la voluntad del Estado para atender sus reclamos.