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El diputado provincial Francisco Monti presentó en la Legislatura de Catamarca un proyecto de ley que crea un registro digital y gratuito de proveedores mineros y establece que ninguna cámara ni entidad privada pueda ser requisito para acceder al mercado. Según los fundamentos, la iniciativa busca facilitar el ingreso de emprendedores y empresas de distintos departamentos, que hoy enfrentan dificultades para inscribirse y conseguir contrataciones.
El texto no toca la obligación vigente de que las compañías mineras contraten al menos un 70% de proveedores locales. Lo que cambia, de aprobarse, es la vía de acceso: quien cumpla los requisitos podrá inscribirse y ofrecer sus servicios sin avales ni afiliaciones.
Alta inmediata y controles posteriores
La inscripción se haría mediante declaración jurada y el número de proveedor se otorgaría de manera inmediata. Los controles del Estado se realizarían después del alta y habría sanciones para quienes presenten datos falsos.
Los requisitos quedarían fijados en la propia ley, de modo que funcionarios u organismos no puedan sumar condiciones a través de reglamentaciones posteriores. El proyecto también prevé que el Estado no exija documentación que ya figura en sus bases de datos.
El padrón sería público. Las empresas mineras podrían ver quiénes están registrados y contactarlos directamente en sus procesos de contratación.
El rol de las cámaras
La iniciativa reconoce el derecho de los proveedores a integrar cámaras empresariales y a recibir sus servicios, pero establece que la afiliación no puede ser una condición para inscribirse ni para trabajar con las mineras. Tampoco permitiría que una entidad privada actúe como filtro en la inscripción o en las compras.
Monti defendió ese punto al presentar la propuesta. Sostuvo que las cámaras pueden capacitar y representar a sus socios, pero afirmó: "Lo que no pueden es decidir quién trabaja y quién no".
Un régimen de 2014
Hoy el sistema de proveedores mineros está regulado por una resolución ministerial de 2014. El legislador planteó que el objetivo es que el requisito de contratación local alcance a una mayor cantidad de emprendimientos y empresas de la provincia.
El proyecto seguirá ahora su tratamiento en la Legislatura, donde se analizará su contenido antes de definir si avanza hacia una eventual sanción.
