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El presidente Javier Milei generó una fuerte polémica institucional y el rechazo en el Congreso tras asegurar, en una entrevista televisiva brindada tras su gira por Estados Unidos, que su administración expulsó a 30.000 supuestos terroristas entre 2025 y 2026. Según denunciaron legisladores de la oposición y especialistas en derechos humanos, la cifra carece de sustento en los registros oficiales y se utiliza como argumento para acelerar la aprobación legislativa de la ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que busca ampliar el rol de las Fuerzas Armadas y de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).
Al ser consultado sobre el rumbo de la economía nacional, el mandatario sostuvo que debió enfrentar maniobras desestabilizadoras, entre las que enumeró intentos de juicio político y el ingreso encubierto de miles de personas destinadas a afectar el programa de gobierno. En esa misma línea, Milei definió a la Residencia Presidencial de Olivos como una «base militar» y advirtió sobre la existencia de amenazas foráneas de alto perfil.
No obstante, las estadísticas de la Dirección Nacional de Migraciones y de organismos de la sociedad civil exponen una realidad diferente. En el período citado, la inmensa mayoría de los registros de frontera corresponden a rechazos administrativos de ingreso por documentación incompleta o falta de seguro médico, con apenas un centenar de expulsiones efectivas anuales y ninguna relacionada con causas de terrorismo internacional.
La versión presidencial también choca con las declaraciones de las propias autoridades de la SIDE, quienes en presentaciones ante la Comisión Bicameral de Inteligencia descartaron la operación activa de organizaciones extremistas en territorio argentino. Ante este escenario, diputados y senadores de distintos bloques opositores elevaron pedidos de informes para que el Poder Ejecutivo aclare el origen de los datos o si, por el contrario, se incurrió en espionaje interno prohibido por la legislación vigente.
