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La investigación penal por la presunta insolvencia fraudulenta cometida a través de la firma Adhemar Capital SRL quedó radicada de manera definitiva en el fuero ordinario de Catamarca. La Fiscalía de Instrucción N° 8, encabezada por Juan Manuel Sánchez Ruiz, recibió el expediente remitido desde el Juzgado de Control de Garantías N° 4 tras confirmarse la incompetencia federal. El fiscal deberá determinar si el titular de la firma, Edgar Adhemar Bacchiani, junto con colaboradores cercanos, desvió deliberadamente dinero, criptomonedas e inmuebles para eludir el pago a miles de ahorristas antes de que los activos pudieran ser cautelados por los tribunales.
La definición procesal se consolidó luego de que la Cámara Federal de Apelaciones ratificara la resolución del juez federal Miguel Ángel Contreras, quien había desestimado el pedido del fiscal federal Rafael Vehils Ruiz de tramitar estas maniobras dentro del expediente penal por estafa. Con el fallo de alzada firme, el 27 de julio se formalizó la remisión de las actuaciones a la sede judicial provincial, concluyendo un litigio de jurisdicción iniciado a mediados de 2025 y escindiendo el análisis patrimonial del expediente penal central.
La pieza procesal remitida a la fiscalía local consta de 30 cuerpos —aproximadamente 6.000 fojas— y 40 anexos probatorios orientados a verificar maniobras individuales de desapoderamiento. En forma paralela, la megacausa penal por delitos de estafa, asociación ilícita, intermediación financiera no autorizada y lavado de activos continúa en la órbita de la Justicia Federal, expediente que reúne a más de 500 querellas, 82 querellantes formales y 125 cuerpos de actuaciones en vísperas del juicio oral.
En el marco de la investigación provincial serán formalmente notificados Bacchiani, su expareja Zaraive Garcés Rusa y el supervisor de la Contaduría General de la Provincia, Gustavo Aparicio, señalado por transacciones millonarias con activos virtuales. El listado de personas alcanzadas por las medidas incluye además a los letrados Carlos Correa y Lucas Retamozo, a la escribana Joaquina Córdoba Gandini —mencionados por el propio imputado en indagatoria en torno a la retención de documentación de loteos y propiedades—, al contador Iván Segovia, y a los empresarios Alejandro Segli y Luis Gribaudo.
El foco de la fiscalía se centrará en desentrañar un complejo entramado de activos opacos. Aunque en los procesos de quiebra tramitados ante el Juzgado Comercial de la jueza María Virginia Cano se verificaron créditos por más de 15.000 millones de pesos de 1.444 acreedores, la mayoría de los 13 inmuebles declarados por Bacchiani —incluyendo un predio de 39 hectáreas en Valle Viejo y el desarrollo inmobiliario «Wika»— nunca fueron escriturados formalmente a su nombre. Para avanzar en la reconstrucción del flujo financiero y el rastreo de billeteras digitales, la fiscalía requerirá peritajes contables e informáticos de alta especialización orientados a certificar si el patrimonio fue deliberadamente vaciado.
