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El Juzgado Federal en lo Contencioso Nº 3 de Lomas de Zamora ordenó trabar un embargo sobre las cuentas bancarias del Ministerio de Salud de la Nación por un monto de $828.708.195, a raíz de una deuda impaga por insumos y medicamentos reclamada por el Cottolengo Don Orione de Claypole. La medida fue dispuesta por el magistrado Juan Pablo Auge para garantizar la cobertura de prestaciones del período marzo-junio, en medio de la controversia por el financiamiento del área de discapacidad y a pocos días de la visita que León XIV tiene prevista en esa institución el 9 de noviembre.
El juez federal libró un oficio formal al Banco Nación para que los fondos retenidos de la cartera conducida por Mario Lugones sean transferidos directamente a la cuenta bancaria del Cottolengo, garantizando así los recursos requeridos para la continuidad de los tratamientos de los residentes.
El conflicto escaló luego de que la cartera sanitaria rechazara abonar el monto presupuestado, argumentando que la entidad no había presentado las facturas pertinentes ni completado los procedimientos administrativos para percibir los pagos. Previamente, la administración nacional había cancelado una partida de $750 millones correspondiente a compromisos impagos desde febrero, pero desconoció las obligaciones devengadas entre marzo y junio.
Frente a la negativa ministerial, el representante legal del Cottolengo, Pablo Díaz, presentó documentación ante el juzgado para desarticular la postura oficial. Díaz sostuvo que el argumento de la falta de facturación resultaba arbitrario, dado que el convenio asistencial no opera bajo la modalidad de reintegro de gastos, sino mediante la aprobación previa por auditoría y la entrega de insumos en especie.
Asimismo, la entidad incorporó al expediente copias de las comunicaciones electrónicas cursadas a la Agencia Nacional de Discapacidad en junio y septiembre. En dichos intercambios, el establecimiento alertaba sobre el desabastecimiento crítico de insumos esenciales, advirtiendo que la interrupción de las terapias ponía en riesgo directo la salud y la vida de las personas con discapacidad alojadas en el predio. Con esos elementos probatorios, el tribunal dio curso favorable a la medida cautelar y efectivizó el embargo de las cuentas ministeriales.
