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La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) asumió el ejercicio de la acción penal pública y solicitó formalmente a la Justicia Federal dejar sin efecto los sobreseimientos dictados a favor del presidente Javier Milei, la secretaria general Karina Milei y otros nueve imputados en el marco de la causa $LIBRA. El requerimiento fue presentado este jueves en los tribunales de Comodoro Py ante el juez Daniel Rafecas, quien subroga el Juzgado Federal N° 6, luego de que el fiscal originario Eduardo Taiano desistiera de la persecución penal y las organizaciones Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) e Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (INECIP) reclamaran la reactivación del expediente.
El titular de la fiscalía especializada, Sergio Rodríguez, fundamentó su intervención en las facultades legales que le permiten actuar ante la inacción de los fiscales ordinarios en hechos donde intervienen funcionarios públicos. En su dictamen, la PIA remarcó que el sobreseimiento dictado el pasado 23 de octubre fue "prematuro", pues la investigación no se encuentra agotada y existen medidas probatorias indispensables en curso para determinar si el lanzamiento del activo digital constituyó una maniobra defraudatoria planificada.
Entre los elementos que exigen profundización técnica, el organismo anticorrupción subrayó la necesidad de analizar la trazabilidad financiera de los fondos recaudados, recuperar comunicaciones eliminadas en dispositivos móviles y esclarecer el origen del contrato del token que difundió el mandatario por canales digitales. Asimismo, el dictamen consideró que hechos tales como el vaciamiento de cajas de seguridad por parte de intermediarios vinculados a la firma y los ingresos reiterados a la Casa Rosada configuran indicios que exigen un análisis conglobado antes de definir la situación procesal de los acusados.
En paralelo al pedido principal de revocatoria, la PIA interpuso un recurso de apelación en subsidio para habilitar la intervención de la Cámara Federal si la primera instancia rechaza la reapertura. El planteo sumó además el reclamo por presuntas vulneraciones a la Ley de Víctimas, debido a que los damnificados querellantes no fueron notificados del criterio fiscal previo a la clausura del sumario. Se prevé que el trámite procesal sea remitido a vista de las partes y resuelto formalmente tras la reincorporación del juez titular del juzgado, Marcelo Martínez de Giorgi.
