Desde que asumió el régimen de Milei se destruyeron más de 5 mil empleos científicos

El cientificidio en la Argentina ocurre, es real, los números lo demuestran, y las consecuencias son impredecibles. A casi dos años de la asunción de Javier Milei como Presidente de la Nación, el empleo en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación continúa agravando su caída: desde diciembre de 2023 se destruyeron 5.143 puestos de trabajo en el sector.

El dato surge del último informe de Evolución de Empleo y Recursos Humanos que realiza el Grupo EPC-CIICTI, especializado en el sector CTI. Según el trabajo, desde el último mes de 2023, las empresas públicas del sector perdieron 711 puestos de trabajo, mientras que los organismos de ciencia y tecnología dependientes de la Administración Pública Nacional lo hicieron en 4481.

El Conicet sigue siendo el organismo de ciencia más golpeado con una pérdida de 1912 trabajadores en el periodo, seguido por el INTI y el INTA. Los organismos transversales del sistema (Secretaría de ICT, Agencia) están perdiendo el 40% de su personal.

Uno de los que viene marcando y denunciando el cientificidio es el biólogo molecular, de reconocimiento mundial, Alberto Kornblihtt, flamante premio Bunge & Born, quien declaró a Tiempo: «Cuando antes había un montón de gente buscando hacer el doctorado en Argentina, hoy eso disminuyó porque la gente se da cuenta que no va a poder sobrevivir con un sueldo de 800 mil pesos full time. Y que tampoco los grupos a los que podría entrar tienen financiamiento. Jóvenes que se van hay muchísimos. Senior es más difícil, porque tienen establecida su familia acá».

En mayo de este año, durante una de las convocatorias en defensa de las universidades públicas y contra el desguace del sistema científico-tecnológico, Kornblihtt difundió una carta en la que pidió apoyo social aún de quienes no pertenecieran al sector. Porque “el país los necesita” para frenar el cientificidio. En ese texto, describió el ajuste actual como una “política de aniquilación”.

–¿Por qué la define como una ‘aniquilación’? ¿Qué la diferencia de crisis anteriores?

–Cuantitativamente es mucho peor. En la actualización de las becas y salarios es peor, en la anulación de los desembolsos de los subsidios es peor, en el corte total del ingreso a la carrera de Conicet es peor y en la pérdida de poder adquisitivo de becas y salarios es peor. Creo que es un paquete de aniquilación que forma parte de la destrucción del Estado que se propone Milei, con el aval de los sectores del poder económico que lo aplauden. Y son bastante ignorantes de la importancia de la ciencia y la técnica. La descalifican, la demonizan, la acusan de ser la culpable cuando en realidad el sector de Ciencia y Técnica como mucho ha llegado al 0,3% del Producto Bruto Interno. Ahora está en el 0,15%, no puede ser nunca la causa de no cumplir con el equilibrio fiscal. Hay toda una connotación ideológica por parte del gobierno con su ataque al Estado, y también con el ataque a la posibilidad de generación de conocimiento.

–¿Cómo repercute el discurso sobre el «Ñoquicet» y demás expresiones del ámbito libertario contra quienes hacen ciencia?

–Por un lado, hay quienes dicen que en las encuestas los científicos son uno de los estamentos más respetados del país. Por el otro, creo que prende ese discurso del «Ñoquicet» y se agarran del caballito de batalla del «ano de Batman» aunque ni leyeron el paper. Consideran que estudiar condiciones socioeconómicas o problemas sociales es excremento. Tienen un descaro que no es de ahora. Tengo documentos de Estados Unidos en los años ’30 con grupos fascistas, de ultraderecha, que tenían una campaña para cerrar las universidades porque las consideraban núcleos de generación marxista. Ese imaginario subsiste. Ellos saben que la comunidad científica no los avala y deambulan por el camino del recorte y la discriminación ideológica. No sabemos qué científicos los asesoran: creo que no hay. Creo que son funcionarios liquidadores, que se congracian con el presidente y el jefe de gabinete porque liquidan, reducen el gasto, no porque pueden mostrar un logro científico o académico.

–¿Qué impacto cree que puede tener a futuro este ataque a la generación de conocimiento?

–Milei antes de ganar las elecciones dijo «que una empresa contamine un río no tiene por qué ser penalizado». ¿Cómo discutís una idea como esa? Es una idea que brutaliza. No es importante si el que la emite es un bruto. Es que lo que quiere es brutalizar a la población. Con su lenguaje agresivo y con sus simplezas epistemológicas, anti cualquier cosa que sea justicia social o bien común, está generando en un sector de la población una pérdida de pensamiento crítico, de usar la cabeza.

Del Malbrán a Agronomía

La crisis impacta en diferentes espacios emblemas del desarrollo y la ciencia nacional. Días atrás, los trabajadores nucleados en la Junta Interna de ATE ANLIS – MALBRAN, denunciaron que el organismo está en un serio riesgo para “desarrollar normalmente sus actividades científico-sanitarias”. Y se declararon en alerta.

“El personal científico y técnico denuncia recortes salariales del 45%, presupuestario del 26% y una reducción de personal del 15%”, indicaron en un comunicado. 

Según precisaron, los recortes salariales llegaron a tal punto que, un profesional formado en carreras universitarias de seis años, ingresa ganando $1.056.000. Además, un técnico de laboratorio cobra apenas $650.000. Estos salarios ubican “al 42% del personal por debajo de las línea de pobreza”, advirtieron.

Por si fuera poco, desde el gremio puntualizaron que el personal se redujo en un 15%, lo cual profundiza la crisis, “ya que implica la pérdida de profesionales altamente calificados formados dentro de la institución, lo cual afecta la capacidad científica del país”.

“Por todo esto se declaró el estado de alerta, siendo urgente solucionar esta problemática, para no poner en riesgo la salud de la población”, remarcaron.

La Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA) expuso cifras de la falta de financiamiento en esta casa de altos estudios, y son contundentes: entre quienes renunciaron y los que optaron por jubilaciones anticipadas, perdió casi el 15% de su planta docente. Investigadores, becas, convenios. Un panorama crítico para la principal institución educativa que abastece de especialistas al sector rural, justamente el agro, cuya mayoría es ferviente defensora de La Libertad Avanza.

El informe con los números en detalle fue presentado por la decana de FAUBA, Adriana Rodríguez, quien expuso sobre las consecuencias de la falta de implementación de la Ley de Financiamiento Universitario.

El documento revela un deterioro significativo en las condiciones de trabajo docente, la actividad científica y la infraestructura universitaria. Según subraya, entre 2023 y 2025, renunciaron 77 docentes (el 11% del plantel rentado) y se registraron 25 jubilaciones anticipadas. En total, la Facultad perdió 60 investigadores activos (8,5%), y las renuncias se duplicaron respecto de 2020-2022, con un aumento del 103%.

“El 40% de los docentes que renunciaron manifestaron motivos económicos o salariales –explica Rodríguez–. La actividad científica también se vio fuertemente afectada: las becas de maestría y doctorado descendieron de 48 en 2023 a 15 en 2025, y los subsidios de investigación pasaron de 113 a 0 en el mismo período. Además, la falta de fondos impidió la adquisición o reparación de equipos por más de 370 mil dólares y la ejecución de programas nacionales de equipamiento por casi un millón de dólares”.

En cuanto a la vinculación institucional, la decana señala que la FAUBA perdió entre 2023 y 2025 un 38% de los convenios con el sector privado y un 46% con el sector público, con una merma total de más del 50% en ingresos por transferencia tecnológica.

Rodríguez enfatiza que la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario está teniendo efectos concretos: «pérdida de docentes e investigadores, reducción de becas y deterioro de la infraestructura. Es urgente garantizar los recursos para sostener la universidad pública”.

La privatización de la ciencia nacional

En el ámbito de las empresas y sociedades públicas, el Grupo EPC-CIICTI destacó caídas notorias y continuas en FADEA (-220), así como también una acelerada reducción de personal en los últimos meses en la operadora de las centrales nucleares Nucleoeléctrica-NASA (-221) y la continuidad de la declinación de planta en ARSAT (-124), entre otras.

Para comprender la situación del CONICET, el Grupo EPC-CIICTI realizó un análisis desestacionalizado: medido contra septiembre de 2023, se eliminaron 1502 becas y 585 puestos de investigación de carrera. Se trata de un total de 2087 empleos menos en 24 meses.

Hay sectores que resultan muy apetecibles para potencias extranjeras. Es el caso de la energía nuclear. Por un lado, el Gobierno nacional anunció la privatización de las empresas públicas. Por el otro, abandonó proyectos de avanzada en un rubro en el que la Argentina era vanguardia regional.

Como explica Gabriel Rocca, para el sitio NEXCiencia de Exactas (UBA), el sueño argentino de contar con un reactor de potencia de diseño ciento por ciento nacional nació hacia mediados de la década del 80, cuando el CAREM fue la primera propuesta de SMR (Small Modular Reactor) en el mundo. 

«Su desarrollo tiene un primer freno en los tempranos años 90. Hacia fines de esa década se retoma la idea pero se detiene nuevamente durante el gobierno de Fernando de la Rúa. Con la llegada de Néstor Kirchner, se produce el relanzamiento del Plan Nuclear Argentino y, entre otras acciones, se retoma el proyecto CAREM», destaca.

Durante 10 años se avanza con fuerza en su construcción hasta que en 2017 la administración de Mauricio Macri lo vuelve a paralizar: «Bajo la presidencia de Alberto Fernández se reanuda con la iniciativa luego de la pandemia pero el gobierno de Javier Milei decidió no sólo detenerlo una vez más, sino que parece resuelto a boicotearlo para hundirlo de manera definitiva».

“Públicamente ellos nunca dicen que frenaron la la obra pero, en la práctica, tiene cero presupuesto ejecutado desde el octubre del año pasado. Por otro lado, están deshaciendo los equipos de trabajo, que es lo más grave porque después son muy difíciles de recomponer. Mi visión es que hay una clara intención de que el proyecto no continúe”, afirmó Adriana Serquis, presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) desde junio de 2021 hasta mayo de 2024.

“Al asumir su gestión el actual presidente de la CNEA, Guido Lavalle, sostuvo que no se iba a paralizar el proyecto CAREM. Luego explicó que este desarrollo no era económicamente competitivo. Y finalmente concluyó: ‘El CAREM es donde estamos aprendiendo a hacer reactores’. Aun si fuera así hay que terminarlo y demostrar que funciona. Sin embargo, hoy está paralizado, desmantelados sus equipos técnicos, cancelados los contratos”, sumó a NEXCiencia Diego Hurtado, expresidente de la Autoridad Regulatoria Nuclear (en 2015) y vicepresidente de la CNEA entre 2021 y 2023.

La Mesa Federal por la Ciencia y la Tecnología manifestó su “rechazo absoluto” a las iniciativas que buscan ”la privatización parcial y la extranjerización del sector nuclear argentino”, y afirmó que el Gobierno “ha profundizado la crisis en el marco de un ‘cientificidio’”.

El agrupamiento sostiene en un comunicado que las iniciativas privatizadoras anunciadas por el Gobierno “incluyen la venta del 44% de las acciones de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA), una empresa superavitaria que constituye un motor clave del desarrollo tecnológico e industrial del país”.

Un topo

El Grupo EPC-CIICTI comparó el tamaño del sistema científico argentino con el de otros países: “cualquier comparación internacional (por ejemplo referida a los datos OCDE) demuestra que el sistema científico argentino sufre por falta de escala, además de la consabida ausencia de inversión privada en actividades de I+D –explicaron–. Mientras Argentina cuenta con 3 investigadores cada 1000 habitantes, los países desarrollados a los que dice querer parecerse el Presidente cuentan con hasta 17”.