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La Cámara Contencioso Administrativo Federal ratificó la medida cautelar que ordena al Gobierno cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso. El tribunal rechazó la apelación presentada por el Ejecutivo y sostuvo que los argumentos oficiales carecían de seriedad, consolidando así la obligación de aplicar la normativa vigente.
La resolución judicial implica que el Gobierno deberá actualizar los salarios docentes y las becas estudiantiles, además de garantizar el presupuesto destinado al funcionamiento de las universidades nacionales. La Universidad de Buenos Aires (UBA) había exigido la aplicación inmediata de la ley, advirtiendo que el incumplimiento ponía en riesgo la continuidad de actividades académicas y de investigación.
El fallo se produce en un contexto de tensión entre el Poder Ejecutivo y el sistema universitario, que viene denunciando recortes presupuestarios y falta de recursos para sostener programas esenciales. La decisión judicial representa un respaldo a las instituciones educativas y a los reclamos de la comunidad académica, que se movilizó en defensa de la educación pública.
Con esta confirmación, la Justicia marca un límite a las políticas de ajuste del Gobierno en materia educativa y refuerza la vigencia de los derechos conquistados. El desafío ahora será garantizar que la aplicación de la ley se traduzca en mejoras concretas para docentes, estudiantes y trabajadores universitarios en todo el país.
