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El consultor y estratega digital argentino Fernando Cerimedo, reconocido por su rol en la campaña de Javier Milei y sus nexos con la derecha regional, afronta un complejo escenario judicial en Bolivia tras ser imputado formalmente por presunta tentativa de feminicidio. El caso se originó tras el ataque a tiros sufrido por la abogada y activista Nadia Beller frente a un hotel de Santa Cruz de la Sierra a manos de dos atacantes en motocicleta; la víctima sobrevivió tras fingir estar muerta y acusó directamente al asesor de planificar la agresión. Cerimedo fue aprehendido en el aeropuerto internacional Viru Viru cuando pretendía abordar un vuelo rumbo a Argentina, quedando bajo custodia mientras la Fiscalía solicitaba 180 días de detención preventiva a la espera de su audiencia cautelar.
La causa penal sumó pruebas sensibles tras incorporarse al expediente diversos mensajes telefónicos atribuidos a Cerimedo, entre los cuales figura la frase «La eliminamos ya o estamos jodidos», además de presuntas conversaciones orientadas a contratar a terceros para perpetrar el ataque. Frente a estas acusaciones, la defensa del estratega rechazó de manera categórica los cargos, desconoció la validez de los mensajes peritados y planteó la hipótesis de que se trató de un «autoatentado» con motivaciones políticas para perjudicarlo. El mandatario argentino Javier Milei intervino públicamente para respaldar a su exasesor y poner en duda la versión de la agresión, otorgándole al conflicto judicial una inmediata resonancia diplomática y política entre ambos países.
En paralelo a la causa por violencia de género, el Ministerio Público boliviano abrió una segunda investigación por presunto enriquecimiento ilícito a raíz de los allanamientos efectuados en inmuebles vinculados al consultor. En dichos operativos, las fuerzas de seguridad secuestraron más de 44.000 dólares en efectivo, sumas superiores a los 500.000 bolivianos, diversa documentación contable, dispositivos electrónicos y el hallazgo de una infraestructura tecnológica descrita como una mini granja de bots. Estos hallazgos derivaron en pericias adicionales para determinar el origen de los fondos no declarados y verificar el alcance del uso de equipos para la manipulación y operación coordinada en redes sociales.
La situación procesal de Cerimedo impactó en las estructuras políticas e institucionales locales, llevando al Gobierno boliviano de Rodrigo Paz y a organismos regionales como la CAF a distanciarse públicamente y negar la existencia de designaciones formales o vínculos laborales con el imputado. El escándalo también reabrió el debate sobre su papel histórico en el portal de noticias La Derecha Diario, medio del cual el consultor se habría desvinculado societariamente días antes de los hechos. Con dos expedientes abiertos y a la espera de resoluciones judiciales definitivas, el caso pone bajo la lupa las redes de asesoría digital, financiamiento y propaganda política construidas por el operador en el Cono Sur.
