TELEDIARIO.ar
El régimen que gobierna Argentina confirmó que presentará un recurso extraordinario contra el fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, que ratificó la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario (27.795). La norma, sancionada en octubre de 2025 tras la insistencia del Congreso, obliga al Estado a actualizar salarios docentes y no docentes, recomponer becas estudiantiles y garantizar partidas para investigación.
La administración libertaria sostiene que la aplicación plena de la ley implica un costo fiscal significativo, por lo que busca revertir la medida en la Corte Suprema. En paralelo, evalúa cumplir parcialmente con la resolución judicial mediante transferencias mensuales, con el objetivo de evitar que el impacto quede incorporado de forma completa en el presupuesto anual. Esta estrategia apunta a dosificar el gasto y mantener la disciplina fiscal.
El conflicto se centra en los artículos que establecen la actualización automática de salarios universitarios según la inflación acumulada desde diciembre de 2023 hasta la aprobación de la norma, además de la recomposición de becas y el financiamiento de proyectos de investigación. El Gobierno ya había intentado limitar la ejecución de la ley mediante un decreto, decisión que ahora fue cuestionada por la Justicia.
Desde la Casa Rosada señalan que trabajan en una alternativa legislativa que permita compatibilizar la normativa con los objetivos fiscales. No se descarta impulsar cambios en el Congreso para reemplazar el esquema de actualización automática por otro más acotado. Como antecedente, mencionan la Ley de Emergencia en Discapacidad, que fue reglamentada por decreto tras tensiones judiciales y administrativas, y advierten que podrían aplicar una estrategia similar en el caso universitario.
