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El caso de Ángel, el niño de cuatro años que falleció en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia tras ser dejado allí por su madre, Mariela Altamirano, abrió una investigación sobre los organismos que tenían la responsabilidad de garantizar su protección. El procurador general de Chubut, Jorge Miquelarena, confirmó que se indagará si existieron omisiones o negligencias graves en el accionar de las instituciones estatales.
La pesquisa abarcará la intervención de la Defensoría de Derechos y Garantías de la Niñez, cuestionada desde hace años, así como del Ministerio Público Fiscal, el fuero de Familia y el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI). El objetivo es determinar si hubo fallas estructurales en el sistema que permitieron que el niño quedara expuesto a un desenlace fatal.
Miquelarena explicó que ya se realizaron medidas iniciales, como el secuestro de teléfonos celulares en la vivienda de la madre, y que tanto ella como su pareja fueron localizados. El procurador pidió cautela y destacó la importancia de los tiempos procesales, señalando que lo urgente es contar con el resultado de la autopsia para establecer si se trató de un homicidio. En ese caso, la madre podría enfrentar una pena de prisión perpetua.
La investigación también buscará esclarecer si el desenlace pudo haberse evitado mediante una intervención estatal oportuna y eficaz. “No se va a permitir que nadie eluda la acción de la Justicia”, afirmó Miquelarena, quien remarcó una postura de tolerancia cero frente a irregularidades. El caso generó fuerte repercusión local y nacional, y puso en debate la eficacia de los organismos de protección infantil en Chubut.
