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El gobierno de Javier Milei busca transmitir confianza a los mercados frente a los abultados compromisos de deuda que se acumulan hacia el final del mandato. Caputo aseguró que habrá dólares suficientes para pagar los vencimientos de capital e intereses, incluyendo un desembolso inmediato de U$S 4.200 millones el próximo 9 de julio a acreedores privados. El plan contempla préstamos con organismos internacionales, emisión de deuda local y la continuidad de privatizaciones de empresas estatales, como Aysa, Tandanor y las hidroeléctricas, entre otras.
Para 2026, las necesidades de financiamiento alcanzan los U$S 19.200 millones, mientras que las fuentes previstas suman U$S 22.900 millones, generando un excedente de U$S 3.700 millones. El esquema incluye créditos garantizados por el Banco Mundial y el BID, además de desembolsos del FMI y colocaciones en el mercado local. En paralelo, se proyecta recaudar unos U$S 800 millones por la venta de activos públicos, lo que refuerza la estrategia de ajuste y entrega de patrimonio estatal. El gobierno insiste en que este camino permitirá alcanzar el grado de inversión en 2031, siempre y cuando Milei obtenga un segundo mandato.
El panorama para 2027 es aún más desafiante: se deberán afrontar vencimientos por U$S 24.900 millones, con compromisos de capital e intereses que superan la capacidad de generación de divisas del país. Para cubrirlos, el Ejecutivo prevé nuevas emisiones de deuda, préstamos bilaterales y más privatizaciones, además de recurrir nuevamente al FMI y organismos internacionales. Sin embargo, especialistas advierten que este esquema profundiza la dependencia del capital financiero y agrava la crisis social, ya que el ajuste recae sobre los trabajadores, con caída del empleo, salarios deteriorados y mayor precarización laboral. Desde sectores opositores y de izquierda se plantea que el no pago de la deuda externa fraudulenta es condición indispensable para revertir la miseria social y recuperar soberanía económica.
