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El escándalo que rodea al jefe de Gabinete Manuel Adorni sumó un nuevo capítulo tras la denuncia de la diputada Marcela Pagano, quien solicitó su detención preventiva. La legisladora lo acusó de haber ejercido presiones sobre el contratista Matías Tabar, testigo central en la causa que investiga presuntas obras millonarias pagadas en efectivo y posibles maniobras de enriquecimiento ilícito. Según Pagano, existió un contacto previo entre el entorno del funcionario y el testigo, lo que constituye una maniobra de interferencia en el proceso judicial.
La denuncia sostiene que se habrían borrado mensajes de WhatsApp y ofrecido “ayuda legal” al testigo a cambio de eliminar evidencia de su teléfono. Pagano fundamentó su pedido en la doctrina Irurzun, que habilita la prisión preventiva cuando los vínculos de poder de un imputado pueden obstruir la justicia. En este caso, la diputada argumentó que el cargo jerárquico de Adorni le otorga una capacidad superior para influir en organismos públicos y en el desarrollo del expediente.
El pedido fue presentado ante el juez Ariel Lijo y contempla, como alternativas a la detención, restricciones estrictas: prohibición de contacto con testigos, retención del pasaporte, caución económica y preservación de comunicaciones. La figura del arquitecto Tabar es considerada clave para acreditar las irregularidades económicas denunciadas. La acusación contra Adorni refuerza la tensión política y judicial en torno a su gestión, colocando nuevamente a su patrimonio y a su entorno bajo la lupa pública.
