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La polémica estalló tras la decisión del gobierno de Milei de permitir la presencia de efectivos militares estadounidenses en territorio argentino, en el marco de acuerdos bilaterales firmados con la administración de Trump. Legisladores opositores y referentes de derechos humanos sostienen que esta medida constituye una cesión de soberanía y un grave antecedente en materia de defensa nacional. La oposición denunció que el Ejecutivo no consultó al Congreso y que el acuerdo se firmó de manera unilateral, sin debate público ni transparencia.
En paralelo, distintas organizaciones sociales y sindicales se movilizaron en rechazo a lo que consideran una “entrega” de la política exterior argentina. La Confederación General del Trabajo (CGT) y agrupaciones de izquierda remarcaron que la subordinación a Trump implica riesgos para la autonomía del país y abre la puerta a una mayor injerencia extranjera en asuntos internos. Además, se cuestiona que el gobierno priorice la relación con Washington mientras se profundiza la crisis económica y social en Argentina.
La Justicia también recibió presentaciones formales contra Milei, entre ellas la del diputado Juan Marino, quien solicitó investigar la legalidad del ingreso de tropas extranjeras. El caso podría derivar en un fallo clave sobre los límites constitucionales de la política exterior y el rol del Congreso en la autorización de acuerdos internacionales. Mientras tanto, el oficialismo defiende la medida como parte de una estrategia de “cooperación” con Estados Unidos, aunque las críticas se multiplican y el tema promete convertirse en uno de los ejes centrales de la agenda política en los próximos meses.
