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El sobreendeudamiento de los hogares argentinos ha alcanzado niveles críticos, empujando a organizaciones sindicales y movimientos sociales a movilizarse frente al Ministerio de Economía en reclamo de medidas urgentes de alivio financiero. De acuerdo con datos del Banco Central y consultoras privadas, la morosidad familiar trepó al 12,8% —la cifra más alta de las últimas dos décadas—, afectando a casi 20 millones de personas con compromisos impagos en tarjetas bancarias, billeteras virtuales y créditos comerciales, de las cuales 6 millones ya se encuentran en situación de mora estricta y bajo continuo hostigamiento de cobranza.
Frente a este escenario, en la Cámara de Diputados se acumulan 28 proyectos de ley orientados a brindar herramientas de desendeudamiento y frenar abusos financieros; sin embargo, el tratamiento de estas iniciativas permanece paralizado por la negativa de La Libertad Avanza y sus aliados a habilitar el debate en las comisiones que presiden, bajo el argumento de que el pasivo familiar constituye un acuerdo estrictamente privado en el que el Estado no debe intervenir.
Los bloques opositores —encabezados por Unión por la Patria, Provincias Unidas y el Frente de Izquierda— avanzan en un marco conceptual unificado que evite un impacto fiscal directo y propone la creación de mecanismos de mediación judicial o extrajudicial a través de la Secretaría de Comercio. La estrategia apunta a segmentar la asistencia entre diferentes tipos de pasivos, recuperar la capacidad regulatoria sobre las tasas de interés desreguladas desde la entrada en vigencia del DNU 70/2023 y tomar como referencia programas exitosos de la región, como el "Desenrola Brasil", que facilitó la renegociación integral de deudas bancarias y de servicios básicos.
Con el objetivo de destrabar el bloqueo parlamentario, los bloques opositores prevén forzar un apartamiento del reglamento en la próxima sesión legislativa para exigir el emplazamiento de los proyectos a las comisiones pertinentes. Al mismo tiempo, referentes sociales y agrupaciones de deudores reclaman la urgente sanción de una ley de emergencia crediticia que contemple quitas, condonaciones y topes a los intereses, remarcando que gran parte de los pasivos acumulados fueron contraídos exclusivamente para costear alimentos, medicinas y servicios esenciales del hogar.
