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La red vial argentina atraviesa una situación crítica que afecta directamente a la conectividad federal y a la seguridad de quienes transitan a diario por el territorio nacional. Un reciente informe elaborado por la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) advierte que más del setenta por ciento de las rutas nacionales se encuentra en condiciones regulares o deficientes. Este panorama de deterioro generalizado es el resultado directo de una prolongada falta de mantenimiento preventivo, la drástica paralización de las inversiones públicas y un proceso de desfinanciamiento sistemático que sufre la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), considerado por los especialistas como el más profundo de las últimas décadas.
Frente a este escenario de abandono de la infraestructura estatal, el Gobierno nacional continúa adelante con su plan estratégico orientado a la privatización y concesión de más de nueve mil kilómetros de carreteras distribuidas en todo el país. La iniciativa oficial se instrumenta a través de sucesivas etapas licitatorias de la denominada Red Federal de Concesiones, un esquema mediante el cual se transfiere la administración, el mantenimiento y la explotación comercial de los corredores viales a manos privadas bajo la modalidad de obra pública financiada mediante el cobro de peajes. Entre los tramos alcanzados por estas medidas se encuentran trazas de vital importancia estratégica para el comercio exterior, las economías regionales y el transporte masivo de cargas, tales como las rutas nacionales 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 18, 33, 34 y 35, además de diversos accesos y autopistas pertenecientes al Área Metropolitana de Buenos Aires.
Desde el sector gremial y técnico remarcan que la estrategia oficial guarda similitudes con procesos aplicados en administraciones anteriores, donde la degradación deliberada de los bienes públicos funcionó como un mecanismo de justificación para su posterior traspaso al capital privado. Asimismo, los especialistas alertan sobre el impacto económico que conlleva esta metodología de postergar las reparaciones cotidianas. De acuerdo con las estimaciones técnicas, por cada peso que el Estado deja de invertir a tiempo en tareas de conservación vial, posteriormente resulta necesario desembolsar entre tres y cinco veces más recursos financieros para lograr la reconstrucción total de los pavimentos dañados.
La gravedad de la situación se ve reflejada en los datos de ejecución presupuestaria del área, donde los programas específicos destinados a garantizar la seguridad en los caminos, el mantenimiento estructural de puentes y la reparación de alcantarillas han registrado un nivel de ejecución nulo. Como consecuencia de esta parálisis, dos de cada tres pesos que estaban originalmente previstos en el presupuesto para el desarrollo y cuidado de la infraestructura vial permanecen sin ser utilizados.
Esta combinación de rutas intransitables, demoras acumuladas en las mediciones oficiales del estado de los pavimentos y el avance de las privatizaciones genera profunda preocupación en distintos sectores productivos y sociales. Los analistas viales insisten en que el deterioro de la red no solo encarece de manera significativa los costos logísticos del transporte y reduce los niveles de fluidez en el tránsito, sino que también eleva exponencialmente el riesgo de siniestros viales graves, convirtiendo a la infraestructura de transporte en un factor crítico tanto para la economía nacional como para la integridad de los ciudadanos.
