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La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA-A), a través de su Dirección Nacional de Migrantes y Refugiados, manifestó un enérgico rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia 681/2026 firmado por el presidente Javier Milei, el cual modifica la Ley de Migraciones 25.871 e incorpora nuevas causales para impedir el ingreso, cancelar residencias y ordenar la expulsión de ciudadanos extranjeros en el territorio nacional. La titular del área, Yolanda Moreno, definió a la norma como un instrumento de censura selectiva y control político que apela a preceptos jurídicos ambiguos para persecución ideológica, advirtiendo que el texto gubernamental no establece mecanismos de garantía ni parámetros probatorios claros para evitar que las autoridades cometan abusos de poder durante su aplicación.
Entre los principales cambios introducidos en la legislación migratoria mediante la adición del inciso «m» al artículo 29, se faculta al Estado a sancionar a aquellos extranjeros que emitan mensajes considerados de odio hacia la población local, inciten a la violencia por razones de nacionalidad o participen en actos de ultraje contra los símbolos patrios. Frente a este panorama, desde la organización sindical explicaron que la cláusula del decreto que pretende resguardar la libertad de opinión y el disenso político resulta abstracta e insuficiente, ya que la redacción sustituye la persecución de delitos objetivos por la interpretación discrecional de sentimientos difusos de hostilidad, vulnerando principios constitucionales históricos de apertura y acogida.
En el plano social, la dirigente gremial rechazó de manera categórica la estigmatización que pesa sobre la población migrante y desmintió que la sociedad argentina sea racista de forma estructural, atribuyendo las conductas discriminatorias a las narrativas impulsadas desde la propia Casa Rosada. En ese sentido, resaltó la importancia estratégica y el aporte cotidiano que realizan miles de trabajadores paraguayos, bolivianos y peruanos en sectores esenciales como la construcción, la industria textil y la sanidad pública, quienes integran de forma activa la red productiva y cultural de la nación frente a discursos gubernamentales que buscan polarizar a la ciudadanía.
Finalmente, el pronunciamiento vinculó la medida oficial con el escenario internacional posterior al Mundial 2026, etapa en la que diversos sectores mediáticos promovieron una imagen negativa del país mediante señalamientos de sesgo racial. De acuerdo con la CTA-A, el Poder Ejecutivo aprovecha este contexto de tensión global para levantar falsos enemigos externos e imponer narrativas de confrontación que buscan legitimar medidas de austeridad económica, desregulación de derechos y mayores niveles de conflictividad social en la Argentina.
