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El Gobierno nacional endureció su postura frente al paro de actividades convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y advirtió sobre la aplicación de severas penalizaciones administrativas a las organizaciones sindicales que promuevan el cese total de actividades. El secretario de Trabajo, Julio Cordero, responsabilizó de manera directa a la cúpula gremial por la interrupción de las clases y exhortó a las partes a encauzar el diálogo en el ámbito provincial, al tiempo que ratificó que la educación debe garantizar un funcionamiento operativo mínimo durante cualquier medida de fuerza.
En este sentido, la autoridad laboral precisó que la normativa vigente exige garantizar al menos un 75% de guardias o presentismo para preservar el derecho a la educación de los alumnos. Desde el Poder Ejecutivo remarcaron que el incumplimiento sistemático o reiterado de estas prestaciones habilitará el inicio inmediato de expedientes sancionatorios, los cuales contemplan desde apercibimientos económicos hasta la eventual quita de la personería gremial a las entidades promotoras de la protesta.
Para verificar el grado de acatamiento y el cumplimiento de las guardias dispuestas, el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, puso en marcha un operativo de supervisión mediante el despliegue de inspectores de sus agencias territoriales en distintos puntos del país. La fiscalización busca documentar la apertura de los establecimientos y recabar los datos requeridos para determinar si la medida de fuerza transgredió las pautas fijadas para los servicios calificados como esenciales.
La jornada de protesta tiene lugar de forma coincidente con la reanudación del ciclo escolar tras el receso invernal en jurisdicciones clave como la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero. Desde CTERA justificaron el paro al denunciar la constante negativa de la Casa Rosada a convocar a la Paritaria Nacional Docente y reclamaron la restitución de las partidas presupuestarias destinadas a los salarios del sector, mientras la tensión institucional con el Ejecutivo continúa en aumento.
