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En un hecho que encendió la alarma en el parque industrial de Río Grande, Tierra del Fuego, el Grupo Mirgor —empresa vinculada a la familia Caputo— impidió intempestivamente el ingreso a sus plantas a más de 300 trabajadores metalúrgicos. La drástica medida se ejecutó en simultáneo en las instalaciones de IATEC, Brightstar, Famar y Mirgor, donde los operarios se anoticiaron de las desvinculaciones en la misma puerta de acceso de los establecimientos, sin haber recibido previamente las notificaciones ni telegramas formales correspondientes.
Entre la nómina de cesanteados se encuentran 28 delegados gremiales de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) distribuidos entre las cuatro unidades productivas del grupo. Desde el sindicato calificaron la maniobra patronal como un ataque antisindical directo, orientado a desarticular la representación laboral dentro de las fábricas y a amedrentar a la plantilla activa frente a los constantes reclamos por condiciones de trabajo y derechos adquiridos.
El trasfondo de la decisión empresarial radica en un conflicto que se mantiene desde el mes de marzo por la exigencia del pago de un bono o premio anual que los trabajadores perciben desde hace más de quince años. En lugar de encauzar la negociación sobre este beneficio —que representa cerca de 2,5 millones de pesos por operario—, la firma respondió ofertando un recorte del 30% en los haberes salariales, antes de resolver el bloqueo masivo de los puestos de trabajo para evitar desembolsar la suma adeudada.
Frente a la escalada de la tensión, la UOM radicó una denuncia de urgencia ante el Ministerio de Trabajo de la provincia para solicitar que se dejen sin efecto las medidas dispuestas por la empresa. En paralelo, los obreros afectados y sus compañeros mantienen concentraciones y asambleas en las puertas de los establecimientos industriales de la provincia, mientras las conducciones gremiales evalúan profundizar las medidas de fuerza mediante la convocatoria a un paro general por tiempo indeterminado.
