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El proyecto de ley impulsado por los diputados catamarqueños María Argerich y Nicolás Zavaleta para crear el Comité Provincial de Prevención de la Tortura ha generado fuertes controversias en el ámbito académico y de los derechos humanos. Aunque la provincia mantiene una deuda histórica al carecer de este instituto de control en lugares de encierro, el director del programa universitario en contexto de encierro de la UNCA, Mario Alanís, cuestionó duramente la propuesta al considerar que carece de la independencia necesaria y concentra las decisiones en la propia dirigencia política.
Entre sus principales objeciones, el especialista advirtió que la iniciativa no asegura fondos propios para su funcionamiento operativo y limita drásticamente la intervención comunitaria. De acuerdo con el planteo de Alanís, un órgano de estas características debe conducirse con plena autonomía del poder de turno y apoyarse en organizaciones no gubernamentales con trayectoria territorial, aspectos que quedaron relegados frente a una redacción elaborada sin instancias de debate abierto y participativo en toda la provincia.
La estructura planteada por el texto legislativo establece un esquema de nueve integrantes ad honorem presidido por el Defensor del Pueblo, que incluye cinco representantes parlamentarios, delegados del Ministerio Público Fiscal y de Derechos Humanos provincial, y una única plaza reservada a la sociedad civil. Es precisamente esta correlación de fuerzas la que encendió las alertas, ya que la mayoría de los miembros provienen de estructuras estatales o partidarias, lo que debilita el alcance fiscalizador sobre las agencias de seguridad penitenciarias y policiales.
Pese a los cuestionamientos por la falta de presupuesto y la hegemonía política en su composición, el proyecto contempla aspectos positivos como la inhabilitación para exmiembros de fuerzas de seguridad y militares, con el fin de evitar la captura corporativa del ente. Asimismo, el organismo funcionaría bajo la órbita de la Defensoría del Pueblo con un régimen de austeridad y la obligación de presentar informes anuales públicos ante los tres poderes del Estado y el comité nacional.
