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El endeudamiento de los hogares argentinos registró un nuevo incremento durante el mes de julio, alcanzando niveles críticos que reavivan la tensión política y social en el país. De acuerdo con un informe de la consultora 1816 en base a datos de la Central de Deudores del Banco Central (CENDEU), la morosidad total del sector privado trepó al 7,73%, mientras que la mora de las familias escaló al 12,94%, afectando ya a casi 6 millones de personas con atrasos superiores a los 90 días sobre un padrón de 20,8 millones de deudores. El panorama es aún más complejo en las billeteras virtuales y entidades financieras no tradicionales, donde el índice de impago trepó al 33,69%, consolidando una marcada tendencia alcista frente al 2,5% registrado a fines de 2024.
Pese a las alarmantes cifras de morosidad familiar que aumentaron en 23 de las 30 principales entidades financieras, desde el Poder Ejecutivo le restaron relevancia al fenómeno. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, minimizó la situación al asegurar públicamente que el volumen de la deuda resulta "insignificante" en términos del Producto Bruto Interno y que en su mayoría se trata de "montos pequeños" provocados por la suba de tasas. El legislador oficialista sostuvo además que la mora "ya empezó a bajar" —dato que contrasta de lleno con los registros oficiales de julio— y ratificó la postura de no intervención estatal en los compromisos contraídos por particulares.
Esta posición gubernamental se da en paralelo a las maniobras en el Congreso Nacional para dilatar y frenar el debate legislativo impulsado por la oposición. Distintos bloques opositores habían logrado congregar a más de 130 diputados dispuestos a tratar normativas de alivio financiero y salvataje para los deudores asfixiados por las tasas de interés y los cargos financieros, iniciativa que el oficialismo busca bloquear bajo la premisa de no alterar las relaciones crediticias entre privados.
La falta de respuestas ante la delicada coyuntura económica de los sectores endeudados motivó un duro pronunciamiento de la Iglesia Católica a través del titular de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo. La máxima autoridad eclesiástica reclamó medidas frente a las "deudas leoninas" y cuestionó la pasividad estatal, señalando que resulta inaceptable abordar el problema con una mirada superficial o pretender que la ciudadanía simplemente "se arregle" sola frente a compromisos financieros que comprometen severamente el sustento familiar.
