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La Cámara de Apelaciones de Catamarca emitió un fallo clave en el marco de las causas judiciales que involucran al legislador provincial del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), Javier Galán. El tribunal declaró la inconstitucionalidad del artículo 20 del Código Procesal Penal de la provincia para este caso concreto, desestimando de manera concluyente el planteo de caducidad interpuesto por la defensa del parlamentario. La resolución judicial determinó que dicha normativa procesal vulneraba derechos de jerarquía constitucional y tratados internacionales vinculados a la protección integral de las mujeres, garantizando así la continuidad del proceso investigativo.
Paralelamente, el tribunal resolvió admitir la incorporación de elementos probatorios solicitados por la defensa de Galán, revocando la decisión previa del juez de Garantías que los había considerado innecesarios. Desde la querella aseguraron no tener reparos ante esta disposición, señalando que la producción de dichas pruebas terminará ratificando los hechos denunciados y exponiendo la conducta del imputado, a quien cuestionan por su reticencia a someterse a peritajes psicológicos y a la entrega de dispositivos telefónicos y registros de mensajería.
Las precisiones sobre el avance de la causa fueron brindadas en una entrevista EXCLUSIVA realizada por el periodista Oscar Alejandro Álvarez para TELEDIARIO Argentina y Canal 7 TV Pública Catamarca a la abogada querellante, la Dra. Silvia Leonor Barrientos. La letrada, quien interviene conjuntamente con el Dr. Jaime Morales en representación de tres víctimas —dos mujeres y un varón— en causas que incluyen graves denuncias por delitos contra la integridad sexual y hechos de índole laboral, calificó las constantes apelaciones, quejas y recursos interpuestos por la defensa como maniobras deliberadamente dilatorias para eludir la investigación penal preparatoria y evitar llegar al juicio oral.
Durante la entrevista, Barrientos detalló que en el expediente judicial consta un abultado cúmulo de pruebas contundentes, entre las que se destacan testimoniales, oficios a entidades bancarias y de salud mental, peritajes psicológicos practicados a las víctimas e informes periciales de carácter informático. Según la letrada, estos elementos otorgan mérito suficiente para que el Juzgado de Garantías de Cuarta Nominación proceda a solicitar formalmente ante la Cámara de Diputados el desafuero del legislador. Asimismo, recordó que ya existe un pedido previo de desafuero vinculado a la denuncia del ciudadano Iván Luna Avellaneda —quien cobraba haberes legislativos mientras se desempeñaba en el corralón comercial de Galán—, trámite que cuenta con una audiencia fijada ante la Cámara de Apelaciones tras un recurso presentado por el diputado.
Finalmente, la representante legal se refirió al profundo impacto emocional y a la constante revictimización que atraviesan las denunciantes ante la marcada asimetría de poder, remarcando que se encuentran contenidas con asistencia psicológica y firmes en la búsqueda de la verdad. Barrientos expresó su confianza en que los legisladores y magistrados provinciales actuarán conforme a derecho y con sentido común, desestimando cualquier intento de utilizar los fueros parlamentarios como un escudo corporativo de impunidad. Con el fallo notificado, la querella aguarda que se formalice la solicitud de desafuero para que la causa sea elevada a juicio oral y se determine la responsabilidad penal correspondiente.
