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El sector fabril argentino atraviesa uno de sus momentos más críticos como consecuencia del desplome del consumo interno, el encarecimiento de costos fijos y la apertura de las importaciones, un escenario que se traduce en miles de máquinas paralizadas y persianas bajas a lo largo del país. Según registros de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, más de 30.000 empresas empleadoras dejaron de operar desde fines de 2023, mientras que mediciones oficiales del INDEC ubican el uso de la capacidad instalada en torno al 59%, lo que implica que cuatro de cada diez líneas productivas se encuentran totalmente inactivas en las plantas fabriles.
Este retroceso productivo comenzó a gestarse a partir de la devaluación inicial de diciembre de 2023 y el encarecimiento de materias primas, al que luego se sumó la desregulación normativa impulsada por el DNU 70/2023 mediante la derogación de las leyes de Compre Nacional y Promoción Industrial. Asimismo, un informe del Centro de Economía Política Argentina advirtió que las tarifas de electricidad y gas acumularon incrementos de hasta el 850% en dos años y medio, asfixiando financieramente a las empresas en un contexto donde rubros esenciales como la construcción y la producción automotriz registran desplomes de doble dígito interanual.
Frente a las quejas de entidades gremiales y cámaras empresarias, la administración nacional ha defendido la libre competencia y la desregulación, argumentando que la eliminación de subsidios y esquemas proteccionistas redirecciona el capital hacia sectores genuinamente competitivos. En reiteradas intervenciones públicas, las máximas autoridades del Ministerio de Economía han calificado a la estructura industrial previa como inviable y subsidiada, señalando que la quiebra de unidades productivas forma parte de una reasignación inevitable de recursos en favor de los consumidores.
Sin embargo, el impacto social y laboral se profundiza en actividades emblemáticas como el neumático, el calzado, la gráfica y el rubro textil, donde plantas de extensa trayectoria redujeron drásticamente sus turnos o cerraron sus puertas de forma definitiva. Con un retroceso productivo que posicionó a la Argentina entre las mayores contracciones industriales a escala global según la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, miles de operarios calificados enfrentan la pérdida de sus puestos de trabajo y se ven forzados a subsistir en la informalidad o el cuentapropismo precario.
