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Catamarca se posicionó como la tercera provincia con mayor nivel de morosidad crediticia del país, donde más del 34% de los deudores se encuentra en situación irregular, alcanzando un pasivo conjunto de 186.203 millones de pesos con atrasos significativos. Según datos oficiales y relevamientos de organismos especializados, el 22% del volumen total de crédito registrado en el distrito está comprometido, lo que afecta de manera directa a cerca de 70.000 ciudadanos que arrastran deudas impagas por más de 90 días.
El origen de este ahogo financiero radica en el profundo deterioro del poder adquisitivo y en salarios que no logran cubrir las necesidades más elementales. Pese a que el costo de la Canasta Básica Total para una familia tipo superó en julio los 1,5 millones de pesos, la mitad de los hogares argentinos percibe ingresos mensuales por debajo de los 800.000 pesos, lo que vuelve incobrables montos de mora que en promedio rondan apenas el equivalente a un alquiler o un electrodoméstico. Además, la suba de tarifas en servicios públicos esenciales absorbe actualmente hasta más del 70% de un haber mínimo, obligando a los trabajadores a recurrir al crédito no para consumo de bienes durables, sino para costear alimentos y vivienda.
En la plaza crediticia, el circuito no bancario, encabezado por billeteras virtuales y proveedores financieros informales, registra las tasas de irregularidad más críticas debido a intereses mensuales muy superiores a los del sistema tradicional. Esta dinámica genera un sobreendeudamiento en espiral, donde los usuarios toman nuevos préstamos para afrontar vencimientos previos, duplicando sus obligaciones en cuestión de meses. Distintos estudios laborales remarcan que el empleo por sí solo ya no garantiza evitar la pobreza, ya que tras saldar los costos fijos, el ingreso disponible real de las familias se contrajo de forma drástica.
Ante este panorama, el Gobierno provincial anunció que evalúa junto al Banco Nación y la Caja de Crédito y Prestaciones local un plan de refinanciación de pasivos que contemplaría instancias de capacitación financiera obligatoria. No obstante, economistas, cámaras empresariales y especialistas coinciden en que la crisis de morosidad no responde a una falta de educación crediticia ni a malas decisiones de los usuarios, sino a la urgente necesidad de una recomposición integral de los sueldos que permita afrontar el costo real de vida.
