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En medio de un escenario de tranquilidad judicial para el oficialismo tras recientes fallos favorables, el Gobierno nacional expresó su confianza en que los tribunales federales de Comodoro Py no darán curso formal a una investigación penal sobre el polémico ingreso y posterior salida del excandidato brasileño Flávio Bolsonaro a través del territorio argentino rumbo a Estados Unidos.
La apertura de una investigación preliminar se originó a partir de presentaciones judiciales impulsadas por dirigentes opositores, entre ellos el dirigente Gabriel Solano y el diputado Esteban Paulón, quienes apuntaron contra el presidente Javier Milei, el asesor Santiago Caputo y los ministros Pablo Quirno y Alejandra Monteoliva por supuestos delitos de encubrimiento agravado, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público. Las sospechas se centraban en una presunta cooperación política y logística para facilitar el desplazamiento del referente político extranjero.
El episodio tuvo lugar cuando Bolsonaro abandonó su país y cruzó la frontera argentina a las 22:50 horas por el puente internacional Tancredo Neves, que conecta Foz do Iguaçú con Puerto Iguazú. Desde allí, se trasladó por vía terrestre hacia el Aeropuerto Internacional Iguazú, donde abordó un vuelo privado de la empresa Baires Fly acompañado por su familia con destino a Norteamérica.
Frente a los cuestionamientos, fuentes gubernamentales descartaron de plano cualquier irregularidad o la existencia de una conducta punible, argumentando que al momento del procedimiento fronterizo la Dirección Nacional de Migraciones constató que no existían impedimentos legales ni alertas restrictivas vigentes en el sistema local. En sintonía, autoridades brasileñas aclararon que la existencia de restricciones en origen no configuraba automáticamente la condición de prófugo ni habilitaba medidas cautelares inmediatas que frenaran su desplazamiento.
Actualmente, el expediente se encuentra en una etapa de recolección de pruebas impulsada por la fiscal Paloma Ochoa y delegada en la jueza federal María Eugenia Capuchetti. Entre las medidas dispuestas figuran la preservación de registros de cámaras de seguridad del aeropuerto misionero, informes detallados sobre los controles migratorios del vuelo y la verificación de si las autoridades argentinas recibieron a tiempo un aviso formal sobre la prohibición de salida dictada por la justicia de Brasil, elementos clave que definirán en los próximos días si la denuncia es formalmente impulsada o desestimada.
