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El plenario del Primer Congreso Nacional de Sociólogas y Sociólogos de la República Argentina aprobó una declaración de repudio unánime contra el sumario administrativo promovido por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) contra la científica Virginia Aparicio. El pronunciamiento se concretó el pasado 25 de septiembre en la Universidad Nacional del Litoral, luego de que se conociera que la especialista del CONICET e investigadora de la Estación Experimental Balcarce enfrenta un pedido de exoneración tras haber coordinado el estudio internacional que constató la presencia de agroquímicos en cuerpos humanos y matrices ambientales.
La medida disciplinaria responde a la difusión de los resultados del proyecto SPRINT (Evaluación de Riesgos de Plaguicidas Transicionales en la Salud Humana y el Medio Ambiente), una iniciativa financiada por la Unión Europea y encabezada por la Universidad de Wageningen de los Países Bajos. El estudio, en el que Argentina actuó como el único participante fuera del continente europeo, tomó muestras biológicas de 73 voluntarios, además de análisis sobre suelos, agua y animales de zonas rurales, verificando la coexistencia de múltiples principios activos de pesticidas.
Tras estos hallazgos, a mediados de 2023 la cúpula del INTA interrumpió de forma unilateral la presentación del informe local, retiró a la institución del consorcio global y abrió el expediente disciplinario contra Aparicio. En agosto de 2026, la Asociación del Personal del INTA (APINTA) alertó que el Consejo Directivo evaluaba formalizar la sanción expulsiva, lo que precipitó la reacción de las entidades profesionales.
Tanto la Asociación de Sociólogos de la República Argentina (ASRA) como el Colegio de Sociólogos bonaerense advirtieron que el proceso constituye un acto de amedrentamiento que vulnera el derecho de la ciudadanía a la información y bloquea el diseño de políticas sanitarias preventivas. Desde el congreso enfatizaron que el impacto de los fitosanitarios afecta directamente a zonas de producción frutihortícola y a poblaciones periurbanas expuestas a las pulverizaciones.
El conflicto escaló de forma paralela en el Congreso de la Nación. Diversas bancadas de la Cámara de Diputados presentaron proyectos de resolución y pedidos de informes para exigir al Poder Ejecutivo explicaciones oficiales sobre la cancelación del programa ambiental SPRINT y reclamar la suspensión inmediata del proceso administrativo contra la investigadora.
