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La Confederación General del Trabajo (CGT) anunció una movilización “ecuménica” para el 30 de abril, en medio de una profunda crisis social marcada por despidos masivos y el deterioro del salario real. La iniciativa, presentada como un acto de unidad y recogimiento, es cuestionada por sectores críticos que la interpretan como una maniobra de resignación y derrota, más cercana a un gesto simbólico que a una acción concreta en defensa de los trabajadores.
La burocracia sindical ha aceptado sin resistencia los topes salariales impuestos por el gobierno de Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo. Ejemplos como el acuerdo de Camioneros, con incrementos mínimos frente a una inflación creciente, o la paritaria de Comercio, trabada en el Ministerio, reflejan la pérdida acelerada del poder adquisitivo. Incluso gremios que se presentan como combativos, como la UOM, han firmado porcentajes oficiales que dejan a los metalúrgicos con ingresos por debajo de la línea de pobreza.
La crítica se extiende a la falta de reacción frente al cierre de más de 24.000 empresas, con casos emblemáticos como SanCor, Arsa, Verónica, Suipachense y la tradicional fábrica de galletitas Tía Maruca. Mientras tanto, experiencias como la del Sutna en Fate, donde los trabajadores ocuparon la planta para defender sus puestos, muestran un camino alternativo de lucha que contrasta con la pasividad de las cúpulas sindicales. La situación se replica en el sector estatal, con 63.000 despidos y nuevas amenazas en organismos como el Inti y el Servicio Meteorológico Nacional.
Denuncia que la política sindical dominante busca contener la bronca obrera para rearmar al peronismo de cara a 2027, en lugar de enfrentar la ofensiva patronal y gubernamental. Frente a ello, la Coordinadora Sindical Clasista y el Partido Obrero convocan a una movilización el 1º de mayo en Plaza de Mayo, junto al Frente de Izquierda, para impulsar un programa de lucha clasista e internacionalista, con la perspectiva de una huelga general que enfrente al gobierno y al FMI.
