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El Ejecutivo dispuso, a través de la Secretaría de Energía, una extensión parcial de subsidios para sectores “vulnerables”, con bonificaciones mínimas que no logran compensar el impacto de los aumentos. En el caso del gas natural y propano, se mantuvo un descuento del 25% adicional para junio, mientras que en la electricidad se fijó una reducción de apenas el 11,97% sobre consumos de hasta 300 kWh mensuales, un límite insuficiente para un hogar promedio en pleno invierno. La medida reconoce implícitamente que el esquema de aumentos aplicado desde el inicio de la gestión es insostenible para millones de argentinos.
En paralelo, el Gobierno avanzó con una fuerte actualización en el precio del gas propano indiluido por redes, que ahora representa el 60% del Precio de Paridad de Exportación (PPE). Esta decisión impacta directamente en provincias como Corrientes, Misiones, Formosa, Chaco, Chubut, Santa Cruz, Neuquén, Mendoza, Buenos Aires y Santa Fe, donde miles de familias dependen de este sistema para calefaccionar, cocinar y calentar agua. Los nuevos cuadros tarifarios revelan cargos fijos que superan los 30.000 pesos mensuales en algunas localidades, antes de contabilizar el consumo, lo que vuelve las facturas prácticamente inaccesibles para usuarios residenciales y pequeños comercios.
La administración libertaria justificó la medida en la “emergencia energética” y la necesidad de reducir el costo fiscal de los subsidios, pero el nuevo mecanismo prevé actualizaciones automáticas cada vez que se modifique el precio internacional del propano, trasladando directamente a los usuarios las variaciones del mercado externo. En el Nordeste Argentino, los valores más elevados se registran en Formosa, con $502,93 por metro cúbico, seguida por Chaco y Misiones. El ajuste tarifario, sumado a la caída del 39% en subsidios durante 2025, profundiza la crisis social y económica en un contexto de temperaturas extremas y creciente malestar en la población.
