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El debut del vocero de Javier Milei estuvo marcado por una frase que rápidamente se volvió viral y repudiada: “abrigate en vez de usar gas”. Aunque luego intentó disculparse, Ravier defendió la política de quita de subsidios y aumentos de tarifas impulsada por el Gobierno, en línea con las exigencias del FMI. La comparación con declaraciones similares de Mauricio Macri durante su gestión reavivó críticas por el doble discurso de la dirigencia, que exige austeridad a la población mientras las empresas energéticas multiplican sus ganancias.
Los datos son contundentes: según el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), entre diciembre de 2023 y junio de 2026 la tarifa del gas aumentó un 2073%, ocho veces más que la inflación acumulada en el mismo período. El Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) reveló que las distribuidoras de gas incrementaron sus ganancias en un 643% real en 2025 respecto de 2023, acumulando más de 649 mil millones de pesos. Las transportadoras, por su parte, superaron el billón de pesos en ganancias, mientras que distribuidoras eléctricas como Edemsa multiplicaron por 60 sus beneficios.
A pesar de estas cifras millonarias, el Gobierno condonó deudas multimillonarias a Edenor y Edesur, equivalentes a millones de jubilaciones mínimas, y otorgó beneficios extraordinarios a las empresas extractivistas mediante el RIGI. Todo esto en un país con una de las mayores reservas de gas del mundo, donde los usuarios padecen cortes de luz y faltantes de suministro. La falta de inversión proporcional y la desregulación del mercado profundizan la dependencia y el deterioro del servicio, mientras se plantea la necesidad de una estatización integral del sector energético bajo control de trabajadores y comunidades.
La discusión sobre el futuro energético del país se intensifica: mientras el Gobierno avanza con políticas de liberalización y beneficios a grandes corporaciones, sectores sociales y académicos proponen alternativas basadas en planificación democrática, transición justa y control obrero. La crisis energética, marcada por tarifazos y ganancias descomunales de las privatizadas, abre un debate urgente sobre el modelo de gestión y el destino de los recursos naturales.
