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La aparente desaceleración de la inflación que celebra el Gobierno nacional afronta severas cuestionamientos técnicos debido a una brecha cada vez más amplia entre las mediciones oficiales y el costo de vida real. Según un análisis presentado por el economista Alfredo Zaiat, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) ha perdido representatividad debido al uso de una metodología obsoleta. Este desfase provoca que el optimismo macroeconómico expuesto por el Ministerio de Economía no coincida con la pérdida acumulada en el poder de compra de la población.
El factor determinante en esta discrepancia se encuentra en el desplome del ingreso disponible, que es el saldo financiero remanente de las familias una vez liquidadas sus obligaciones fijas, tales como alquileres, tarifas de servicios públicos, transporte y salud. Desde fines de 2023, este margen de maniobra económica experimentó una contracción real del 16,5%. Como consecuencia del incremento acelerado en los costos fijos, el presupuesto de los hogares quedó fuertemente absorbido por gastos inevitables de subsistencia, restringiendo de forma directa el consumo en otros rubros clave de la economía.
Esta distorsión estadística responde a que el esquema de ponderación actual del INDEC se basa en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares de 2004, una matriz con más de dos décadas de antigüedad. En dicho indicador, los servicios públicos y el transporte conservan una incidencia marginal, mientras que se le otorga un peso predominante a bienes de consumo masivo cuyos precios se han estancado debido a la falta de ventas. Al subponderar las tarifas y servicios que sufrieron incrementos de tres dígitos tras la quita de subsidios, el IPC general refleja una cifra sensiblemente menor al impacto inflacionario real.
Especialistas e informes técnicos señalan que la baja registrada en los índices de inflación no responde a un proceso de estabilización saludable ni a mayor eficiencia productiva, sino a un escenario de recesión prolongada y caída severa de la demanda. La falta de actualización hacia la matriz de consumo de 2018 le permite al Palacio de Hacienda registrar métricas favorables en sus planillas, generando una ficción estadística mientras la capacidad de pago y la calidad de vida de los sectores medios y vulnerables continúan deteriorándose.
