Adorni declaró ante la Justicia que financió sus gastos con fondos cripto no declarados tras asumir como funcionario

El exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó un escrito de 78 páginas ante el juez federal Ariel Lijo con el objetivo de justificar el incremento de su patrimonio personal, ocasión en la que aseguró haber obtenido 600.000 dólares a través de inversiones en bitcoin iniciadas en 2017. La entrega del documento se formalizó 137 días después de que el presidente Javier Milei afirmara públicamente que la declaración jurada ya se encontraba lista para su difusión.

De acuerdo con el descargo judicial, el exfuncionario sostuvo que junto a su cónyuge resolvió no utilizar esos activos durante años y “vivir como si no los tuvieran”. Sin embargo, argumentó que comenzó a disponer de esos ahorros en negro a partir de su ingreso a la gestión pública, motivado por un presunto temor vinculado a su seguridad personal.

En cuanto a la operatoria financiera, Adorni describió un circuito por fuera del sistema formal. Detalló que las transacciones con criptomonedas se concretaban de forma presencial, sin recurrir a billeteras virtuales o plataformas de intercambio, y que recibía directamente billetes de dólares estadounidenses en mano por parte de los compradores.

El documento también incluyó precisiones sobre sus bienes inmuebles. El exjefe de ministros declaró que adquirió una propiedad en el Country Indio Cuá por un valor de 120.000 dólares, solventada en gran parte con un préstamo hipotecario. A su vez, rechazó las afirmaciones del contratista Matías Tabar sobre refacciones presupuestadas en 245.000 dólares, y fijó ese gasto en 175.000 dólares pagados con ahorros propios.

La presentación judicial concluye una dilación de casi cinco meses desde el 7 de mayo, cuando Milei había respaldado enfáticamente a Adorni en declaraciones televisivas, afirmando que sus cuentas estaban en regla y que no apartaría a una persona honesta. No obstante, el funcionario fue removido de su cargo un mes y medio después de aquellas declaraciones, mientras que la documentación requerida por la Justicia demoró tres meses adicionales en ingresar formalmente al juzgado.