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El régimen de Javier Milei impulsa un ambicioso proyecto orientado a modificar de raíz el régimen de propiedad rural en el país, bajo la denominación oficial de inviolabilidad de la propiedad privada, una iniciativa que especialistas y diversas organizaciones sociales definen en la práctica como una ley de extranjerización de tierras. El núcleo central de la medida apunta a remover los topes legales actuales que restringen la adquisición de territorios nacionales por parte de capitales internacionales, abriendo el juego a nuevas inversiones directas en áreas productivas clave como el agro, los puertos y la industria forestal.
La normativa vigente, establecida originalmente en 2011, fija un límite máximo del quince por ciento de tierras rurales en manos extranjeras a escala nacional, provincial y municipal, además de prohibir que una misma nacionalidad acapare más del treinta por ciento de ese porcentaje o que un solo titular supere las mil hectáreas en la zona núcleo. Desde el oficialismo argumentan que la supresión de estos controles resulta indispensable para destrabar miles de millones de dólares en inversiones postergadas y dinamizar las economías regionales, mientras que los sectores críticos advierten sobre un grave riesgo de pérdida de soberanía sobre recursos naturales estratégicos.
El intento del Ejecutivo por desregular este mercado no es nuevo, ya que había intentado su derogación directa en los primeros tramos de su gestión a través de un decreto de necesidad y urgencia que actualmente se encuentra frenado por medidas cautelares en el ámbito judicial a la espera de una definición de la Corte Suprema. Ante este escenario de disputa legal, la administración libertaria reformuló su estrategia política e institucional para insistir con el desmantelamiento de los límites vigentes, buscando habilitar un esquema de transacciones sin mayores restricciones para corporaciones y magnates extranjeros.
Organizaciones académicas, centros de investigación y defensores del patrimonio nacional alertan que la flexibilización territorial agravaría los conflictos por el control de zonas ribereñas, áreas de reserva y riquezas naturales como minerales y fuentes de agua. Asimismo, advierten que el avance de estas políticas económicas profundiza la concentración de la tierra y margina a las poblaciones locales, transformando el mapa productivo argentino bajo una lógica de enclaves extranjeros que pone en jaque el control soberano del territorio a largo plazo.
